Cédulas atrasadas 5 años

Ante rechazo a plan de cedular primero a empleados del Estado. Rivas trata de “dorar la píldora”
Por: María José Uriarte

Como una discriminación y un juego político para favorecer al partido de Gobierno, califican algunos representantes de partidos políticos y ex funcionarios del Consejo Supremo Electoral (CSE) lo expresado por el magistrado José Luis Villavicencio, de iniciar el proceso de entrega de la nueva cédula de identidad con los empleados públicos, que en su mayoría responden a los lineamientos de la Administración Ortega.



Por otra parte, ha causado extrañeza que el proceso de reposición de cédulas se inicie precisamente a las puertas de un año electoral, cuando los fondos para este fin estaban supuestamente listos desde hace cinco años.



En diversas ocasiones, antes de asumir la actual Administración Ortega, el magistrado Rivas habría expresado que se iniciaría la entrega del moderno documento de identidad con los de nuevo ingreso, cuya cifra se estima entre 100 y 120 mil solicitudes de forma anual.



En el 2005 España otorgó 5.6 millones de euros para impulsar el cambio de la actual cédula de identidad a un modelo más seguro, similar al de las tarjetas de crédito y que contendría mejores mecanismos de seguridad.



Pero no fue hasta en el 2009 que el magistrado Rivas aseguró a medios de comunicación que la entrega de la nueva cédula se iniciaría el primero de marzo, lo que al final no se concretó y es hasta ahora que el Poder Electoral retomará esa actividad con los empleados públicos.

Fue a propósito también de ese anuncio del CSE de renovar el documento de identidad que la Asamblea Nacional, en diciembre del 2008, aprobó prorrogar la vigencia de las cédulas vencidas, a fin de brindarle tiempo al Poder Electoral de implementar dicho proceso.



ADEMÁS DE FONDOS ESPAÑOLES, TAMBIÉN HABÍA VENEZOLANOS




El ex magistrado electoral Silvio Américo Calderón recordó que para el último año de su período en el 2005, además de los fondos españoles, también se logró la aprobación de recursos provenientes de Venezuela —aunque no precisó la cantidad— para realizar el proceso de modernización del documento de identidad, estando bastante adelantadas las conversaciones con el fabricante del material, el que tampoco identificó.



“No me explico los impedimentos que se pudieron haber dado para haber postergado cuatro o cinco años después de lo que ya se pudo haber iniciado”, indicó Calderón, quien señaló que si se implementa con el ánimo de brindarle respuesta a la ciudadanía es recibido con “beneplácito”, debido a que el sistema anterior colapsó por su mala calidad.



RIVAS DESMIENTE A VILLAVICENCIO




La semana pasada Villavicencio informó que se cambiaría el formato del documento de identidad por uno más seguro y que se entregaría a los empleados del Estado, aunque ayer esa posibilidad fue minimizada por el presidente de ese Poder del Estado, Roberto Rivas, en una emisora oficialista.



No obstante, Rivas manifestó que a los primeros que se procederá a entregar la nueva cédula de identidad será al presidente Daniel Ortega; a la Coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo; a miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, así como a magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del mismo Poder Electoral.



“Vamos a priorizar las revalidaciones, en segundo lugar las reposiciones y a los que soliciten la cédula por primera vez vamos a pasarlos a un siguiente estadio, dado que queremos que el engranaje del sistema esté funcionando correctamente para garantizarnos que vamos a hacer eficientes con la ciudadanía”, precisó Rivas.



El área de Cedulación es una de las más cuestionadas por la ciudadanía, que considera que no existe una respuesta efectiva a sus demandas, debido a que la entrega del documento puede durar meses o años, misma que se agiliza si cuenta con un aval partidario del FSLN.



“El documento consta con dos elementos de seguridad, anteriormente sólo teníamos un código de barra que es para leer, y hoy tenemos un sistema de codificación que se utiliza a nivel aeroportuario, donde se leen todos los datos de la cédula y las huellas digitales”, enfatizó el magistrado electoral.



LA PRENSA intentó profundizar sobre este proceso con el director de Cedulación, Sergio Rayo, para conocer cuáles son las orientaciones de trabajo que se le han brindado de parte de los magistrados electorales, pero se limitó a decir que lo que sabía era lo mismo expresado por Rivas Reyes y que en todo caso se avocara con el vocero de ese Poder del Estado, Félix Navarrete, quien estaba actualizado con la información.

PROCESO DEBE SER PAREJO

Para la ex presidenta del Poder Electoral, Rosa Marina Zelaya, no debería existir una discriminación dirigida a aquellos ciudadanos que no son parte del sector de funcionarios estatales, y propone que se pudiese entregar la cédula de identidad a los que solicitaron reposición o nuevo ingreso, además de tomar en cuenta a los que residen en el exterior.

Recordó que el CSE inició la cedulación masiva en 1993, con ocho municipios como parte del proyecto piloto, que después se fue extendiendo poco a poco al resto del país.

Expresó que en la actualidad existe un Registro Civil más actualizado, así como un Padrón Electoral más depurado, que puede facilitar al Poder Electoral la entrega de la cédula de identidad a la ciudadanía en general, contrario a los obstáculos que tuvieron que sortear en aquella época cuando se empezó ese proceso.

Zelaya es del criterio que la entrega de la cédula a empleados públicos puede prestarse a interpretaciones de que la misma es sesgada y se inclina a favorecer a determinado sector, ya que no se estaría atendiendo de forma equitativa a la población general de los 153 municipios del país, donde en época que no hay elecciones las estructuras municipales son cerradas y todo se centraliza en las oficinas departamentales.

Estima que los atrasos en la implementación de ese proceso, a pesar que España había facilitado recursos desde el 2005 aproximadamente para la modernización de varias áreas sensibles, entre ellas, Cedulación, obedece al cambio de personal experimentado que laboraba en ese Poder del Estado, por personas que responden a intereses partidarias determinados.

Las autoridades del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) demandaron que para la nueva emisión de cédulas de identidad se haga bajo la observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), Centro Carter, donantes y organismos de observación electoral nacional.

Arnoldo Alemán dijo que es una falta de transparencia el no conocer cómo se invirtieron los fondos para la cedulación y por qué se hace ahora, por lo que esperan que la Asamblea Nacional intervenga para que ese proceso no sea “ni una fachada, ni una manipulación para montar el fraude electoral de cara a las elecciones nacionales”.

Por su parte, el vocero del PLC, Leonel Teller, insistió en que la cedulación debe ser transparente, donde no exista ningún matiz político al favorecer a los trabajadores del Estado, porque esto es una discriminación a favor del Frente Sandinista.

Desde el 2005 España había comprometido 5.6 millones de euros para el cambio de cédulas.

fuente; La prensa.com.ni