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miércoles, 11 de febrero de 2009

Nicaragua secuestrada

Mario J. Sacasa
El autor fue Cónsul de Nicaragua en Miami

Poco antes de las elecciones de noviembredel 2006, en la edición No 23851 del Diario LA PRENSA apareció una entrevista que la periodista Cristiana Chamorro hiciera al Presidente saliente, ingeniero Enrique Bolaños.

Explicaba Cristiana que en el 2001 el electorado había dado la victoria a Bolaños con dos condiciones básicas: (1) impedir que Daniel Ortega volviera a la Presidencia, y (2) terminar con el ambiente de corrupción que rondaba alrededor de la Administración de Arnoldo Alemán.

Sin duda que con la elección de Bolaños se impidió entonces la vuelta de Ortega al poder. Sin embargo, lograr la segunda condición resultó un reto imposible.

Ante un tercer revés electoral consecutivo, Ortega concentró sus esfuerzos en la Asamblea Nacional, donde él y Alemán eran diputados líderes de sus bancadas. Continuaba así vigente el Pacto, con el agregado de que a los pocos días de la toma de posesión de Bolaños, Alemán era elegido Presidente de la Asamblea. De esta forma, Arnoldo Alemán pretendía ejercer un efectivo control sobre la nueva Administración.

El ingeniero Bolaños, sin embargo, decidió enfrentar a Alemán. Como primer paso había que quitarle la inmunidad que éste último tenía como diputado, para lo cual se necesitaban los votos de la bancada sandinista.

Es así como Ortega, en una aparente interrupción del Pacto, apoya la iniciativa de Bolaños para procesar a Alemán, “prestando” los votos sandinistas en la Asamblea para despojarlo de su inmunidad. Luego, sin embargo, Ortega regresa al rescate de su asociado, primero otorgándole el privilegio de tener casa por cárcel, y más tarde permitiéndole la libre circulación en todo el país.

Esto resultó ser una astuta movida de parte de Ortega, quien interpretó la ruptura de relaciones entre Alemán y Bolaños como una gran oportunidad para desprestigiar al Partido Liberal, y ahondar aún más la división en las filas de sus adversarios.

Con una oposición democrática dividida, y apoyado en una convenientemente reformada Ley Electoral, Ortega ganó las elecciones presidenciales del 2006 con un mínimo 38 por ciento del voto.

Una de las primeras señales de retroceso hacia un gobierno autoritario fue la creación de los Consejos del Poder Ciudadano-CPC, diseñados a imagen y semejanza de los viejos Comités de Defensa Sandinista-CDS, con la diferencia de que estos CPC no solamente han sido creados para controlar a la población, sino que se pretende sean un mecanismo de poder político paralelo e incluso superior a las estructuras municipales en las principales ciudades del país.

No en balde, la oposición al régimen Ortega-Murillo ha ido aumentando sustancialmente, incluyendo ahora a muchas personas que apoyaron y/o participaron en el primer Gobierno de Ortega en los años ochenta, tales como Sergio Ramírez Mercado, Ernesto Cardenal, Dora María Téllez, Carlos Fernando Chamorro y Carlos Mejía Godoy, entre otros.

Dentro de este panorama de extrema polarización política se realizaron las elecciones municipales del pasado 9 de noviembre. Anticipar un intento de fraude electoral de parte del Gobierno era algo prácticamente axiomático debido a que: (1) El Consejo Supremo Electoral se negó a aceptar observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), del Centro Carter, de Ética y Transparencia y de otras entidades de reconocida reputación profesional: (2) Al candidato para Alcalde de Managua, Eduardo Montealegre, el mismo Consejo Electoral le había quitado su propio partido, la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), obligándolo a entrar en alianza con el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) controlado por Alemán, como única forma de poder contar con una casilla electoral; (3) Se prohibió la participación en las elecciones a los opositores Partido Conservador y al Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

En efecto, el fraude fue descarado. Múltiples denuncias de anomalías han sido presentadas, incluyendo boletas y actas electorales desaparecidas. Se ha solicitado reiteradamente al Consejo Electoral la publicación del ciento por ciento de los resultados de las elecciones y que se realice una revisión Acta por Acta en las Juntas Receptoras de Votos con la presencia de observadores calificados.

¿Cuál ha sido la reacción del Gobierno?... piedra y palo para los que se han atrevido a protestar y exigir sus derechos ciudadanos. Las antiguas “turbas divinas” de los años ochenta han resurgido intimidando a la ciudadanía con mayor impunidad ahora bajo la sombra protectora de Ortega y Murillo. ¿Y dónde están las fuerzas del orden público?

La respuesta del Gobierno es que el Ejército y la Policía apoyan el Estado de Derecho y por lo tanto deben respetar la independencia de los Poderes del Estado. Lo que no se dice es que lo que verdaderamente existe es un Estado de Derecho amañado, manipulado por Ortega y avalado por las fuerzas del Pacto. De hecho, Nicaragua se encuentra secuestrada y postrada ante los caudillos. Para muestra un botón… el reciente sobreseimiento de Alemán por la Corte Suprema. El Pacto hecha más frutos… y lo que falta.

Dios salve a Nicaragua.

Fuente (Aqui Nicaragua)

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